En un artículo publicado en ABC, el jurista Carlos Ruiz Miuel explica las implicaciones del gobierno español y de empresas españolas en todo lo que está ocurriendo en los territorios ocupados del Sahara Occidental.
ESPAÑA está conmocionada con el asesinato de un niño saharaui por el Ejército marroquí. ¿Tiene que ver esto con Galicia? Más de lo que parece. Ese niño llevaba provisiones a su familia, que está en el «campamento de protesta» que la población saharaui ha levantado en las cercanías de El Aaiún, capital del Sahara Occidental ocupado ilegalmente por Marruecos.
Los saharauis protestan porque, pese a vivir en un territorio con riquezas extraordinarias (fundamentalmente, fosfatos y pesca), viven en la miseria. ¿Qué se hace entonces con esas riquezas? La respuesta es que son expoliadas por Marruecos, que además aprovecha para colonizar así el territorio. Todo ello con la complicidad de algunos Estados y empresas extranjeras. Y ahí encontramos el papel, lamentable, de algunos gallegos.
Los fosfatos se extraen por una empresa de la familia del rey, pero no se podrían explotar sin empresas dispuestas a comprar ese mineral expoliado. Entre ellas, una española, FMC Foret, con sede en Barcelona. La pesca, por su parte, se explota por flotas extranjeras y por marroquíes que colonizan el territorio. La flota española, mayormente gallega, participa en la explotación de la pesca saharaui merced al acuerdo pesquero de 2006 entre Marruecos y la UE. Un acuerdo que los servicios jurídicos del Parlamento Europeo han considerado ilegal porque, entre otras cosas, no atribuye a sus legítimos dueños saharauis ni un céntimo de los millones que paga la UE a Marruecos para pescar en el Sahara. Ese acuerdo se ha firmado y se mantiene en vigor merced al esfuerzo, que no me parece motivo de orgullo, de políticos gallegos del PSOE y del PP: la entonces ministra Elena Espinosa o la actual eurodiputada Carmen Fraga, entre otros.
Eso no es todo. También se lucran con esa pesca conserveras que se han establecido en el territorio ocupado y compran el pescado que expolian los marroquíes, entre las que destaca la conservera Damsa (co-propiedad de Jealsa-Rianxeira), que abrió en El Aaiún una fábrica en la que sólo uno de cada siete empleados son saharauis, pese a que más del 45% de los saharauis están en el paro. Los acontecimientos de El Aaiún creo que son una desgracia. Pero también son una oportunidad: la oportunidad de que Jesús Alonso demuestre que es un empresario con convicciones éticas. Y que puede mostrar su compromiso con Galicia cerrando una fábrica en un territorio ocupado ilegalmente empleando a colonos y realizando esa producción en Galicia, creando más empleos aquí.
Otra empresa gallega, la conservera Calvo, también abrió una fábrica en El Aaiún. Pero al ser informada de la inmoralidad de ese negocio, la cerró. Creo que es el camino a seguir.
La mayor parte del Sahara Occidental está ocupado por Marruecos. Negociar con compañías o autoridades marroquíes en los territorios ocupados es dar señales de legitimación de la ocupación. También da oportunidades laborales a los colonos marroquíes y beneficios al gobierno marroquí. Western Sahara Resource Watch urge a las compañías a que abandonen el Sahara Occidental mientras no se encuentre una solución al conflicto.
Western Sahara Resource Watch publica la versión española de un informe que desvela que la UE permite y promueve la importación ilegal de productos agrícolas procedentes de explotaciones agrícolas del Sahara Occidental ocupado pertenecientes a grandes holdngs marroquíes, algunos de ellos ligados directamente al monarca marroquí Mohamed VI.
Western Sahara Resource Watch trabaja por defender los derechos del pueblo saharaui a disfrutar de sus recursos naturales.
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El libro, en inglés, es una recopilación de las presentaciones realizadas en la Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional y el Sahara Occidental que se celebró en octubre de 2006.
