Esta semana, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las NU ha publicado sus conclusiones tras haber analizado si Marruecos acataba el cumplimiento de esos derechos. El Comité apela a Marruecos para encontrar una solución al conflicto del Sahara Occidental que respete el derecho de los saharauis a la autodeterminación. Recalca además el derecho de los saharauis a disponer de sus recursos.

Esto no ha sentado bien en Rabat. El Gobierno marroquí ha publicado hoy a mediodía un documento de 10 páginas en el que “denuncia y rechaza el enfoque sesgado y parcial adoptado en la redacción de las observaciones y recomendaciones del Comité”. El Gobierno de Marruecos llega a acusar al Comité -que está formado por 18 personas independientes, expertas en derecho internacional- de haber redactado sus conclusiones antes de producirse los debates con Marruecos.

El informe dice que “Estas observaciones indican una parcialidad flagrante con respecto a determinados temas como es la disputa regional sobre el Sahara marroquí, que es algo artificial y refleja única y sorprendentemente posiciones políticas transmitidas por otras partes hostiles a la integridad territorial de Marruecos”.

El informe contiene tres páginas que intentan contrarrestar las recomendaciones del Comité con respecto al derecho de los saharauis a la autodeterminación y a sus recursos naturales. Las autoridades marroquíes exigen aclaraciones del Comité sobre los párrafos 6, 7 y 8 de las Observaciones Finales del Comité – no por casualidad, los tres párrafos que tratan sobre el Sahara Occidental.

Entre sus recomendaciones, el Comité de las NU se refiere a la necesidad de un previo consentimiento por parte de los saharauis en relación con cualquier explotación de recursos en su tierra. Esto resulta directamente del principio de autodeterminación, y se describió detalladamente en el Dictamen de las NU de 2002. Curiosamente, las compañías petroleras que realizan prospecciones en el Sahara Occidental ocupado también se refieren a ese mismo dictamen para intentar justificar sus actividades. Ahora que Marruecos rechaza básicamente la esencia misma del dictamen de las NU –la necesidad de consentimiento- las declaraciones conjuntas de las compañías petrolíferas y el Gobierno de Marruecos resultan aún más absurdas. Esto es especialmente relevante en el caso de San Leon Energy, que suspendió sus prospecciones y anunció nuevos estudios sísmicos.

Western Sahara Resource Watch, a la vez que el Robert F. Kennedy Center, ha remitido informes contestando al Comité, expresando su preocupación y sus observaciones sobre la ausencia de respeto por parte de Marruecos a los derechos protegidos en el Pacto en las zonas del Sahara Occidental que mantiene bajo ocupación ilegalmente.